Encerrona de Sánchez a las eléctricas: quiere que paguen parte de las primas a las renovables para bajar la luz

Pedro Sánchez ha pensado en una fórmula para sacudirse la presión por la subida del recibo de la luz. El Gobierno no quiere asumir grandes sacrificios renunciando a impuestos, pero quiere sacar del recibo de la luz el pago que corresponde al apoyo a las renovables. Para financiar esos pagos pretende crear un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema eléctrico. Y allí estarán las eléctricas para que asuman parte de ese abono, en muchas ocasiones, a ellas mismas.

El Consejo de Ministros aprobó en junio el Proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Los objetivos que se anunciaron en aquel momento para el fondo eran cuatro: «Dar las señales adecuadas para la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones para la transición energética y conseguir reducir la factura para hogares y empresas». Este último punto es el que más está centrando ahora la atención del Gobierno: porque pretende trasladar a ese fondo parte de los costes regulados que pagan ahora todos los consumidores en su recibo de la luz. Al quitar esa partida, en teoría, debería bajar el recibo (siempre que las eléctricas no repercutan los costes en el coste del kW), y quien pasaría a pagarlo sería el fondo citado, donde el Gobierno pretende que estén todas las energéticas -renovables y no renovables- para financiar ese coste sin que tenga que hacer ningún esfuerzo fiscal el Gobierno.

Costes fijos

Este fondo prevé un calendario de implantación gradual de cinco años y permitirá financiar y redistribuir entre todos los vectores energéticos los costes fijos de las políticas de fomento de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos (RECORE), un coste que hasta el momento sólo estaba asociado al sector eléctrico. El fondo estará gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).

La versión del Gobierno explica que el diseño actual del sistema energético se planteó en un contexto de precios de la electricidad altos, un mix de generación con fuerte presencia de tecnologías fósiles y emisoras y una demanda creciente. “Sin embargo, los objetivos de descarbonización y la situación actual son muy diferentes. El descenso de la demanda debido al papel central de la eficiencia energética, la disminución de los precios por la mayor penetración de renovables (la forma más barata de producir energía) y la salida del carbón del mix generan una menor recaudación, lo que obliga a reequilibrar el sistema eléctrico para alinearlo con los objetivos de transición energética y optimizar las condiciones para los consumidores”.

Según el Gobierno, por eso es necesario “un nuevo mecanismo de financiación de los costes regulados que dé las señales adecuadas y otorgue certidumbre al sistema eléctrico. La creación del FNSSE equilibra el sistema sin aumentar los cargos fijos ni elevar su endeudamiento, al tiempo que anticipa respuestas para dar seguridad a las inversiones en el ámbito de las energías renovables, donde España es puntera en cadena de valor consolidada y tiene gran potencial en el desarrollo de nuevas tecnologías como el almacenamiento, el hidrógeno verde, la movilidad sin emisiones o la mejora de la eficiencia en el sector residencial”.

El fondo se nutrirá de las aportaciones de los operadores de los sectores energéticos definidos como sujetos obligados (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores), de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y de los ingresos procedentes de subastas de CO2. Es decir, que las energéticas entran a pagar, pero el Gobierno aporta lo que ya aportaba.

Las aportaciones de los sectores energéticos se realizarán mediante pagos trimestrales proporcionales a sus ventas de energía. El objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación anteriormente citadas como tributos o ingresos de las subastas de CO2.